Ley 2485 de 2025: Tarifas Justas para la Reconexión de Servicios en Colombia
Recibir un corte en tu servicio de internet, telefonía o televisión por un impago, y al intentar restablecerlo, encontrarte con una tarifa que no deja de crecer hasta cifras exorbitantes. Este escenario, que hasta hace poco golpeaba duramente a millones de hogares colombianos, especialmente a los más vulnerables, ha dado un giro gracias a una nueva legislación que busca poner fin a esos abusos.
Un cambio necesario para proteger a los usuarios
En 2025, el presidente Gustavo Petro promulgó la Ley 2485, una norma que establece un límite claro y justo para el costo de reconexión de servicios esenciales como el internet, la telefonía y la televisión cuando han sido suspendidos por falta de pago. El tope máximo se fija en cerca de 1.000 pesos, una cifra que pone freno a los cobros arbitrarios que en ocasiones alcanzaban hasta 30.000 o 40.000 pesos.
Este cambio no solo representa un alivio económico significativo, sino que promete facilitar el acceso a la comunicación y la información, garantizando que el único monto cobrado corresponda al costo técnico real necesario para restablecer el servicio.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, un actor clave
El seguimiento y la regulación de estos cobros recae en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o CRC, que tendrá la responsabilidad de precisar el valor máximo y establecer las condiciones para los cargos de reconexión. Además, esta entidad cuenta con la facultad de establecer tarifas aún menores tras evaluaciones técnicas, atendiendo así a las diferentes realidades y necesidades del mercado.
Se estima que esta medida generará un alivio económico en el orden de 450 millones de pesos, un beneficio considerable para millones de familias que dependen de estos servicios para la educación, el trabajo y la comunicación diaria.
Protección real para el consumidor
Más allá de definir el tope máximo, la Ley 2485 prohíbe expresamente que las empresas de telecomunicaciones apliquen cargos adicionales o sanciones por fuera del proceso técnico de reconexión. Esto significa que los usuarios no deberán enfrentar obstáculos financieros que compliquen recuperar sus servicios, un cambio fundamental en pro de la justicia y la equidad.
En este proceso, la CRC también involucrará a los operadores en la definición de las tarifas, buscando siempre un equilibrio que permita mantener la sostenibilidad operativa sin sacrificar la protección del consumidor.
Un paso adelante hacia la inclusión digital
La Ley 2485 de 2025 no es solo una regulación técnica, es una herramienta que promueve la igualdad en el acceso a servicios vitales para el desarrollo social. En un país donde la conectividad se ha vuelto imprescindible, reducir estas barreras económicas contribuirá a que más personas puedan mantenerse conectadas, impulsando oportunidades y mejorando la calidad de vida.
¿Este te parece esta iniciativa? Este tipo de regulaciones deberán replicarse en otros sectores para proteger los derechos de los usuarios?
Preguntas frecuentes sobre la Ley 2485 de 2025
¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 2485?
El objetivo es establecer uno permite máximo para el costo de reconexión de los servicios de internet, telefonía y televisión, asegurando que los cobros reflejen el costo técnico real y evitando tarifas excesivas.
¿Quién regula el costo de la reconexión?
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es la entidad encargada de definir y supervisar el valor máximo y las condiciones para estos cargos, con la posibilidad de ajustarlos segun evaluaciones técnicas.
1 Qué beneficios trae esta ley para los usuarios?
Reduce la carga económica para los usuarios que necesitan restablecer sus servicios, especialmente en sectores vulnerables, garantizando tarifas justas y eliminando cobros adicionales o sanciones injustificadas.
¿Cual afecta a las empresas de telecomunicaciones?
Las empresas deben respetar los límites impuestos y no pueden aplicar cargos fuera del proceso técnico de reconexión. También participan junto a la CRC en la definición de las tarifas para asegurar la sostenibilidad operativa.