Perú Fortalece Controles en Venta de Chips para Combatir el Crimen Organizado
En un momento clave para la seguridad ciudadana en Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha lanzado un llamado urgente a las empresas operadoras de telefonía para que fortalezcan sus controles en la venta y entrega de chips o tarjetas SIM. Esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional que busca atacar de raíz delitos vinculados al crimen organizado, con un enfoque especial en las extorsiones y fraudes telefónicos que afectan a miles de peruanos día a día.
Un Esfuerzo Conjunto para Cerrar Caminos a la Delincuencia
El gobierno peruano, trabajando en estrecha colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha definido un plan intersectorial robusto para enfrentar la inseguridad ciudadana. Entre sus prioridades está la protección de los transportistas, quienes se encuentran gravemente afectados por la escalada delictiva.
En este marco, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ya ha dado un paso importante al detectar y bloquear más de 1,5 millones de líneas telefónicas vinculadas a actividades criminales, lo que refleja la magnitud del problema y la urgencia de aplicar medidas contundentes.
La Nueva Ley que Busca Cortar el Eslabón Inicial
La base legal de esta política proviene de la Ley N° 32451, promulgada el 30 de septiembre de 2025. Esta normativa introduce modificaciones al Código Penal y a la Ley de Delitos Informáticos, tipificando como delito la venta o posesión irregular de SIM cards, y regulando estrictamente el funcionamiento de servicios móviles sin la debida autorización.
El objetivo es claro: “cortar el eslabón inicial de la cadena delictiva”. Con esta ley, el gobierno no solo busca imponer sanciones severas, sino también erradicar la impunidad que permite que delincuentes actúen con tarjetas SIM adquiridas bajo documentación falsa o inexistente.
Impulsando una Actitud Responsable en las Operadoras
El premier Arana ha sido enfático en exigir a las empresas telefónicas colaboración activa, instándolas a evitar cualquier tipo de permisividad, especialmente en aquellas regiones donde el control institucional es más débil. La meta es fortalecer la seguridad ciudadana mediante la eliminación del uso irregular de chips en actividades delictivas.
Este esfuerzo responde a una política de Estado integral contra el crimen organizado, que busca proteger a la población y garantizar un entorno más seguro para todos los peruanos.
¿Qué Significa Esta Medida para el Futuro?
Este llamado a la acción marca un antes y un después en la lucha contra la delincuencia digital en Perú. La colaboración entre el sector público y privado, acompañada de una legislación estricta, promete disminuir significativamente los casos de extorsión y fraudes telefónicos, delitos que amenazan la vida cotidiana y la tranquilidad de muchas personas.
¿Estás preparado para conocer más sobre cómo la tecnología y la regulación pueden transformar la seguridad en el país? Mantente atento a las actualizaciones y acciones que se implementen en este importante desafío.
Preguntas Frecuentes
¿Qué implica la Ley N° 32451 para la venta de chips?
Esta ley sanciona la venta o posesión irregular de tarjetas SIM y regula que los servicios móviles funcionen solo con autorización legal, con el fin de evitar su uso en actividades ilícitas.
¿Quiénes participan en el control y la supervisión de esta medida?
El gobierno, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y OSIPTEL trabajan en conjunto para implementar esta estrategia.
¿Qué consecuencias enfrentan las empresas que no cumplan con estas regulaciones?
Las operadoras que actúen con permisividad o incumplan las regulaciones pueden enfrentarse a sanciones severas, incluyendo multas y otras acciones legales conforme a la ley vigente.
¿Cómo se beneficia el ciudadano común de esta iniciativa?
Esta medida busca proteger a la ciudadanía frente a delitos como la extorsión y el fraude telefónico, fomentando un entorno más seguro y confiable para todos.
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